Paraná

Los juicios laborales en Paraná siguen siendo elevados, a pesar de la ley antidespidos

En el período febrero-mayo de 2021 se contabilizaron 598 causas iniciadas. Gran parte de ellas son iniciadas por trabajadores informales que fueron despedidos y los montos indemnizatorios varían desde lo 500.000 hasta los 2.000.000 de pesos.

La pandemia generó severas complicaciones económicas y puso en jaque la capacidad de mantener la estructura de una empresa y, más específicamente, los puestos de trabajo. Por un lado, las restricciones para negocios de ciertos rubros y, por otra parte, la caída sostenida en las ventas producto de un consumo alicaído por bolsillos flacos, terminan repercutiendo en el cierre y la pérdida de empleos, formales e informales.

Paraná no es la excepción en este contexto. En la mayoría de los casos de despido, los afectados recurren a un estudio jurídico, en busca de asesoría legal con el objetivo de reclamar una justa retribución económica. De ese modo, buscan un aliciente para subsanar el período que transcurran como desempleados.

En el último informe publicado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), en el período febrero-mayo del 2021 se iniciaron 598 demandas laborales, correspondientes a los juzgados de primera instancia de Paraná. En relación al mismo período de 2020, el número de causas repuntó un 25%, teniendo en cuenta una base comparativa atípica por la cuarentena.

Según datos a los que accedió por DOS FLORINES por consultas con letrados que trabajan en la materia, la indemnización requerida por un trabajador no registrado, que cumplió funciones por media jornada durante un año, ronda los 500.000 pesos. En tanto, la demanda de un empleado en mismas condiciones, pero de jornada completa (8 horas), asciende hasta los 2.000.000 de pesos.

Negociación

En la instancia previa al juicio, ambas partes tienen la posibilidad de llegar a una mediación a través de una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Según Pablo Gabioud, abogado de la capital entrerriana, existe un “90% de ofrecimientos” por parte de los empleadores, que en algunas oportunidades, igualan o superan el monto reclamado, para intentar “sacarse el problema de encima”.

En contraparte, hay ocasiones en las que lo ofrecido no satisface las necesidades del demandante. Ante este panorama, las negociaciones que llegan a buen puerto están ligadas a importes que representan entre el 40% y el 60% de lo calculado. “Depende mucho del asesoramiento legal que reciban”, aseguró el especialista.

Si bien cada caso es disímil de otro, en los últimos tiempos se ha visto una constante en cuanto demandas. Gabioud avisó que gran cantidad de los reclamos se deben al “trabajo en negro”. En estos casos y luego de una intimación, el “99,9%” de los demandados desconocen la relación laboral con el trabajador.

Por otra parte, en el ámbito del empleo formal y ante el plexo normativo vigente, se ha acrecentado la tendencia de empleadores que, ante la prohibición de despido, idean causales para dar por finalizada la relación laboral. Cabe recordar que el decreto de Alberto Fernández ampara solamente a trabajadores que hayan sido registrados con anterioridad a diciembre del año pasado.

Según fuentes consultadas por esta Redacción, tras la vigencia del Decreto N° 34/19, medida implementada con el fin de preservar puestos de trabajo priorizando la protección de trabajadoras y trabajadores, el número de despidos y juicios laborales no ha disminuido, sino que se mantienen en números altos. “No era o es la finalidad de la norma”, sostiene Alberto Sampayo, profesional paranaense.

La otra banca

Sampayo explicó que los empleadores temen juicios en contra y que esto se debe a “la aplicación de leyes laborales gravosas en términos indemnizatorios y una jurisprudencia que a veces no mide las consecuencias de la imposición de una sentencia”. A su vez, advirtió que el “miedo” ha influido en menor cantidad de inversiones y de creación de puestos de trabajo por parte del empresariado.

En línea con esto, indicó que actualmente los montos de los juicios laborales se guían por “montos exorbitantes” y que, en muchas oportunidades, se vuelven “imposibles de afrontar”. A esto se suma la caída en la productividad de muchos sectores afectados por las restricciones impuestas por los distintos gobiernos.

Además, Sampayo consideró que, más allá de importes indemnizatorios estipulados para trabajadores formales (un sueldo por año de antigüedad), existe mucha disparidad entre las partes y pocas veces hay acuerdos en una negociación. “El juicio debería ser la última instancia”, sentenció el abogado.

Mirada general

Alejandro Canavesio, presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), indicó que integrantes del Instituto de Derecho del Trabajo de la entidad “intervienen permanentemente” en juicios laborales. “Hay que tener en cuenta que la causas no son sólo por despidos, sino que hay demandas por accidentes de trabajo, reinstalaciones y situaciones de violencia, sobre todo contra la mujer en el ámbito laboral”, aclaró el jurista.

Acerca de la actualidad de la profesión, Canavesio se mostró conforme con el período post pandemia y señaló que se ha podido volver al ejercicio “en forma activa y con poca interrupción”. “Entre Ríos es una de las provincias que más rápido retornó a la actividad y esto se debe al compromiso de todos los sectores vinculados al quehacer judicial”, argumentó.

En cuanto a las leyes laborales, Canavesio remarcó que “no cree que modificaciones legales incidan sobre la cantidad de casos”. Además, destacó el trabajo de sus colegas en la defensa de derechos. “Este año se cumplen 100 años de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y en la actualidad es muy importante el rol del abogado, porque sin abogados no hay justicia”, sentenció el titular del CAER.

Gabriel Schamne

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